Este fin de diciembre el Fonasa anunció que la licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) había sido por segunda vez un fracaso ya que solo contó con una empresa licitante. Era previsible que esto no funcionara y, probablemente, las autoridades sectoriales lo sabían.

Ahora bien, una vez terminado este proceso que fue decidido por la ley 21.674 cabe preguntarse si es rol del Fonasa gestionar seguros complementarios a lo que el propio Fonasa no puede cubrir.

En efecto, el Fonasa (seguridad social pública) tiene más bien por meta lograr cobertura universal en el máximo de prestaciones con el menor costo para sus afiliados (protección financiera). Para este efecto, se determina la distribución de los recursos de acuerdo a lo que el sistema público es capaz de realizar y lo que, por defecto, debe o puede contratarse en el sector privado.

Fonasa tiene un listado exhaustivo de aranceles que consiste en lo que Fonasa cubre a sus afiliados cuando optan por atenderse en el sector privado (sean profesionales o institucionales). En este caso, las personas pagan la diferencia lo que, normalmente, es de alto costo (quienes optan por la atención en la red pública tienen copago cero desde 2022). La MCC consistía en asegurar al menos una parte de este pago diferencial. Para este efecto, las empresas aseguradoras necesitaban saber cuál era la población asegurada para evaluar la probabilidad de las prevalencias y cuales eran los costos de las patologías aseguradas. Ninguna de estas cosas estuvo clara, lo que terminó con el fracaso de la licitación.

Ahora bien, el rol de Fonasa es desarrollar (financiar) el sector público para que la cobertura sea realmente universal y en un perímetro incremental. Para este objetivo debe ayudar a implementar prácticas de mayor eficiencia y menores costos en el sector público. O sea, su objetivo es mejorar la atención a sus beneficiarios. El MCC escapa a los objetivos definidos en el Fonasa ya que, más bien, trataría de buscar soluciones a lo que el Fonasa no hace. Esto, por cierto, suena contradictorio y de difícil comprensión.

Lo que parece central es que los seguros complementarios sean ofrecidos por el sector privado (como ha sucedido hasta ahora) y que el seguro público en su calidad de seguridad social se dedique esencialmente a buscar mecanismos para aumentar la cobertura universal real de los afiliados al Fonasa, destinando recursos a la oferta de la red pública, sin descuidar las necesarias mejorías en gestión que ayudarán especialmente a la reducción de las listas de espera.